[OPINIÓ] Prisión permanente revisable: el gobierno de las emociones

Por Cristian Modesto

En algún momento de mi vida alguien me dijo que todo, absolutamente todo, se puede desarrollar de dos formas antagónicas: rápido, o bien. Los efectos asociados a ambas categorías son evidentes y prácticamente indiscutibles. En efecto, la consecución de un resultado satisfactorio, reconfortante o provechoso requiere de sacrificio, estudio, examen, evaluación, corrección e incluso, por qué no, mucho mimo. Requiere, por tanto, mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo, tiempo. Por el contrario, aquello que se desarrolla de forma rápida y desatendida, sin el tiempo necesario para efectuar, considerar o aplicar los análisis pertinentes, es muy probable que concluya de forma voluble, deficiente o incompleta. Normalmente, todo lo que rodea nuestras vidas sigue exactamente la misma lógica. No obstante lo anterior, algunos aspectos y esferas logran escapar de estos procesos racionales. Como nuestra Política Criminal. Efectivamente, por lo general, la Política Criminal en España desoye todo tipo de examen riguroso y científico, abandonando su evolución a una única apuesta: el endurecimiento de nuestro Código Penal. Una medida rápida y superficial, sin ningún tipo de eficacia. Una medida voluble, deficiente e incompleta. Sin embargo, lejos de comprometer a nuestro legislador, esta carta le habilita para lograr resultados satisfactorios, reconfortantes y provechosos en las próximas elecciones. La ilógica de la lógica.

Determinados casos criminales logran traspasar la barrera mediática, ya sea por las características de la víctima, por la gravedad de los delitos o por la singularidad de los hechos acontecidos. Durante varios días —e incluso meses—, los periódicos, los informativos, las tertulias o las radios nos ofrecen el caldo de cultivo perfecto para que nuestros futuros criminólogos, juristas, o sociólogos cuenten con un ejemplo idóneo para repasar en sus Facultades lo que se entiende cuando el profesor habla de sociedades punitivas. Porque eso es lo que somos. La rabia, la ira o el odio inundan nuestra psique, y se exteriorizan verbalmente en un intento de expresar los sentimientos de venganza que inevitablemente se han generado. Venganza utilizada erróneamente como término equivalente al de justicia en pancartas, publicaciones y diálogos que reclaman, precisamente, que todo el peso de la ley caiga sobre el acusado. Como si en nuestro país no existiera dicha justicia. Y sí que la hay, está asegurada. Al menos en lo que atañe a la conocida como justicia de los pobres. Esta coyuntura es aprovechada por el legislador, que rara vez atiende las necesidades de su ciudadanía excepto en escenarios como el descrito, al que acude como insecto hacia la luz desoyendo todo tipo de análisis científico.

Partimos de la premisa de que España no padece un problema en el ámbito de la denominada inseguridad real —como antónimo de inseguridad percibida—. Imagínense un doctor que receta a un paciente hipocondríaco los antibióticos que éste le demanda por una supuesta dolencia que le ha hecho acudir a su consulta, a pesar de que el médico, tras explorarlo, no detecta ningún tipo de anomalía. Eso es exactamente lo que nos ocurre. Formamos parte de una sociedad hipocondríaca y temerosa frente a la criminalidad, efecto potenciado por los altavoces —expedidos sin ningún tipo de filtro contra el sensacionalismo— de los medios de comunicación, que nos presentan casos oscuros y dantescos. Nuestra percepción generaliza la situación, y el resultado de todo ello es que lel gobierno de la Política Criminal española se realiza desde la excepción.

Y hablando de justicia, basándome en autores clásicos como Beccaria, podría sostener que toda pena cuya aplicación no sea necesaria para sostener el depósito de pequeñas libertades individuales que todos los ciudadanos hemos depositado a nuestro legislador —legítimo administrador de las mismas—, para disfrutar de las restantes en plena armonía es, por definición, irracional, desacertada e improcedente. Eso mismo es lo que ocurre con la reciente inclusión de la pena de prisión permanente revisable en nuestro Código Penal. En este sentido, la idoneidad de la implementación de dicha pena puede analizarse desde dos perspectivas diferentes.

En primer lugar, desde una posición puramente economicista, el constante endurecimiento de nuestras leyes penales es totalmente injustificable. Como ya avanzaba en líneas anteriores, nuestro país tiene muchas problemáticas de las que preocuparse, pero una de ellas no es la criminalidad. A estos efectos, cabe destacar que la tasa de criminalidad española se sitúa año tras año entre las más bajas de toda Europa, incluida la tasa de homicidios o la de delitos violentos. Empero, en claro contraste con lo anterior, nuestra tasa de población reclusa se encuentra por encima de la media europea. Una paradoja que denota la severidad de nuestro sistema penal. Así las cosas, la superposición de ambas realidades, antagónicas entre sí, denota que los mismos hechos se castigan con penas privativas de libertad más duraderas que en el resto de la comunidad europea. De esta manera, el índice de rotación en nuestras cárceles decae. De hecho, tenemos más reclusos que plazas disponibles. De la actual superpoblación penitenciaria podemos pasar a un escenario de hacinamiento, aspecto que, asimismo, hace un flaco favor al fin último de reinsertar a los penados —pues contamos con los mismos medios, para más objetivos—.

Asimismo, la implementación de la pena de prisión permanente revisable en particular, y el endurecimiento de las penas en general, no tienen ningún efecto estadísticamente significativo sobre la tasa de criminalidad. En efecto, este tipo de medidas no sirven para prevenir la comisión de delitos. Ni siquiera la pena de muerte, en aquellos países que todavía la abrazan en sus códices, tiene dicha capacidad. El sentido de esta realidad se halla en el hecho de que los infractores, en el balance que efectúan de forma previa antes de abandonarse a la suerte de la delincuencia —y solo en los casos en los que dicho balance se realice—, valorando las recompensas y los castigos vinculados a sus acciones ulteriores, no contemplan la gravedad de las penas asociadas a las mismas. En efecto, el delincuente no valora —e incluso puede desconocer— si su acto se castiga con cinco años de pena privativa de libertad, diez,
treinta, o cadena perpetua. Valorará, simplemente, que su acción tiene una pena asociada, pero no su gravedad. En síntesis, el efecto disuasorio o preventivo de la pena, no radica en su dureza si no en la certeza y la inmediatez de su aplicación.

Por otra parte, desde una perspectiva moral, la dirección que toma nuestra Política Criminal con la susodicha medida dinamita los valores democráticos y humanos que tanto nos ha costado establecer en nuestra sociedad. En este ámbito, como en todos, la consecución de los avances que nos conduzcan hacia una sociedad moderna y próspera son difícilmente asimilables, no solo por el esfuerzo que la misma tarea requiere, sino porque también es menester una importante labor de mantenimiento. En cambio, las regresiones están a la orden del día. Basta con un tropiezo, una estrategia errónea o un paso en falso para alejarnos del camino que todos anhelamos. En este sentido, únicamente han bastado dos años desde la implementación de la prisión permanente revisable para iniciar otro debate sobre su posible vinculación con nuevas acciones ilícitas, o sobre el endurecimiento de las condiciones necesarias para que los reclusos penados por la comisión de determinados delitos puedan acceder al tercer grado. Efectivamente, la regresión cuesta muy poco, también en términos temporales. Hoy en día estamos más cerca de la consecución de penas arbitrarias, que de medidas realmente eficaces.

La reinserción de los penados —y su efectiva consecución— no es, por tanto, una mera exigencia constitucional, si no una de las claves que nos definirán como sociedad. La estrategia seguida durante los últimos años es, sin duda alguna, contraria a dicho objetivo. Las condenas como las que nos ocupa, en las que no se tiene certeza absoluta sobre de su duración, liquida la motivación de los presos para colaborar en la difícil tarea de su reeducación. Y ese es, precisamente, el ingrediente principal sin el cual todo trabajo queda reducido a papel mojado. Cabe destacar, a estos efectos, que las condenas siempre se han cumplido íntegramente. Hemos escuchado en numerosas ocasiones que los presos quedan en libertad muy pronto, y eso es simplemente una burda leyenda urbana. La libertad absoluta solo se consigue con la extinción de la condena.

Por añadidura, las estancias en prisión mínimas que propone la pena de prisión permanente revisable —inciertas, por otro lado—, con el perjuicio que provoca en la voluntariedad y la motivación del preso, conducen hacia su institucionalización. En otras palabras, los periodos notablemente dilatados en prisión hacen que la persona que ve privada su libertad se habitúe a un estilo de vida totalmente pautado y reglado, por lo que una vez su realidad se escriba lejos de las rejas que lo encierran, éste no sabrá vivir en sociedad. Más aun, los importantes periodos que dicha pena propone pueden afectar su estabilidad psicológica, acentuando las necesidades criminógenas que un día lo llevaron a prisión. Las probabilidades de reincidir, por tanto, se incrementan.

Sin embargo, a pesar de todas las trabas que se asocian a esta temática, fruto del gran trabajo que realizan los profesionales vinculados a este ámbito —a pesar de no contar con los medios más deseables para desempeñar su función—, la tasa de reincidencia no es alarmante. Es más, los últimos datos con los que cuenta Cataluña son realmente esperanzadores. Un 70% de los excarcelados en el año 2010 no reincidieron en el momento de la publicación del estudio, en el 2014. Se trata de la cifra más baja desde que se realizan dichos informes, en el año 1987. La reinserción no es, por tanto, un mito. Es una realidad —aunque mucho queda por trabajar para mejorar la calidad de dicha reinserción— que probablemente queda opaca por los focos de los medios de comunicación, los que únicamente nos muestran aquellos que representan un fracaso de los mecanismos de prevención, o los que persiguen al excarcelado que un día les hizo aumentar sus audiencias. Huelga decir que es imposible optar a una sociedad sin delincuencia, decir lo contrario sería adentrarse en la senda de la utopía.

Del mismo modo, debe considerarse el efecto de un sesgo importante en este tipo de valoraciones que los investigadores denominan tasas sobre tasas. Imagínense un paciente que sufre de obesidad y empieza a tratar su enfermedad. Los primeros kilos los perderá fácilmente, pero a medida que se acerque a su peso óptimo, el trabajo se torna más costoso. De esta forma, a medida que logremos reducir las tasas de reincidencia, más costará conseguir buenas noticias al respecto, considerando, además, que se trata de una variable sensible a numerosos factores. No obstante, lo que menos necesitamos son más palos en las ruedas que nos impidan optimizar los registros.
De este modo, el endurecimiento del Código Penal, con la inclusión de la pena de prisión permanente revisable en su lecho como colofón, no contribuye al problema que España tiene en relación con la superpoblación penitenciaria. Este escenario implica, además, un ingente gasto económico para el contribuyente, pues la manutención de una persona en prisión no sale especialmente asequible —algo que con las nuevas reformas puede cronificarse en determinados casos, siendo, por tanto, una medida deficitaria en todas sus acepciones—. Esto sin contar que sería necesario la construcción y el mantenimiento de nuevos centros penitenciarios para paliar la situación. Pero, por si fuera poco, como ya se ha comentado en líneas anteriores, no solo no se traduce en una mejora en los índices de criminalidad, si no que tampoco favorece la capacidad de reinserción de los penados, aumentado así sus probabilidades de reincidir.

Con todo, la Política Criminal necesita reiniciarse. Debe abrirse un nuevo periodo en el que el endurecimiento de las penas deje paso a la implementación de nuevas estrategias basadas en la prevención, en todas las vertientes de ésta. Desde apostar por la educación, así como por la detección y el tratamiento de necesidades criminógenas para debilitar los factores de riesgo que llevan a un individuo a delinquir, acentuando los denominados factores de protección; pasando por controlar y resolver todos aquellos aspectos que generen oportunidades delictivas; hasta la adecuación y optimización de los centros penitenciarios y los programas de tratamiento para lograr una reinserción efectiva de los penados, que de paso a un descenso de la tasa de reincidencia. En este sentido, algunos autores clásicos plantearían en qué medida es razonable una pena cuyo delito asociado no ha sido debidamente prevenido por el legislador. Asimismo, debemos aprovechar los recursos disponibles para mejorar este escenario, como las valoraciones que nos ofrece sobre el riesgo de reincidencia determinados protocolos de evaluación como, por ejemplo, el RisCanvi —reincidencia violenta, en este caso—. Por otro lado, también se podría estudiar la previsión de adoptar medidas post penitenciarias para la reinserción, evaluación y seguimiento de los excarcelados.

Sin embargo, también debemos subsanar el error de infiltrar el dolor de las víctimas en la construcción del futuro de nuestras leyes penales. Los hechos que han vivido conllevan un sufrimiento que nuestros gobernantes, y nuestra sociedad en conjunto, tienen la obligación de reparar y restituir como apoderados de las libertades individuales que custodian con el objetivo de mantener el orden y la paz social. A lo largo de los tiempos, las víctimas han sido las grandes olvidadas en los procesos penales, siendo necesaria la elaboración del denominado Estatuto de la Víctima mediante el que se pretende defender su posición y evitar vergonzosas situaciones de victimización secundaria. Es éste el espacio donde debemos restituirlas, y no el Código Penal, que no puede —ni debe— ser depositario de los correspondientes deseos de venganza — naturales, por otra parte—.

He empezado a escribir este artículo haciéndome dos preguntas: ¿A quién le va a importar derogar la prisión permanente revisable? ¿A quién le preocupa la efectiva reinserción de los presos? Espero que el lector, tras llegar a estas líneas, tenga un motivo para reflexionar sobre su parecer. Al respecto, en los últimos días hemos contemplado un bochornoso intercambio de opiniones en el Congreso de los Diputados. Bermúdez de Castro, diputado del Partido Popular y encargado de defender la posición de su partido en el Pleno del Congreso —supongo que no hace falta indicar cuál es—, pedía a los representantes de la oposición que miraran a la Tribuna, donde se encontraba una representación de familiares que han sido víctimas de casos criminales que fueron notablemente mediáticos, para convencerles sobre su postura respecto a la derogación de la pena que nos ocupa. Con los susodichos interrogantes me sentaba frente al ordenador para ofrecerles estas líneas. Ahora que cierro este documento, me surge una nueva cuestión: ¿Mira nuestro Gobierno a la Tribuna cuando acuden otro tipo de colectivos? Respondan ustedes.

 

Cristian Modesto Castrillón. Graduado en Criminología por la Universidad de Barcelona, con Mención en Seguridad y Prevención. Posgraduado en Infoanálisis y Técnicas avanzadas en Ciencias Forenses. Posgraduado en Policía Científica e Inteligencia Criminal. Máster en Criminalística en la modalidad de Consejero en Ciencias Forenses.

 

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